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LOS PISOS VACIOS

25/06/2015

Antes que nada hay que hacer una aclaración importante y de cuyo error somos todos causantes, sobre todo las instituciones, los medios de comunicación y los juristas, porque hemos confundido a los ciudadanos hablando en general de desahucios, cuando este concepto solo tiene lugar legalmente cuando un arrendador demanda a un arrendatario por falta de pago de la renta, indicando que cerca de un 80 % son personas físicas, que sacan una renta (no muy alta en viviendas normales), para rentabilizar su inversión o herencia, para complementar ingresos, incluso en pensiones por jubilación. Pues bien, debe quedar claro que las ejecuciones hipotecarias o similares no tienen nada que ver con los desahucios, incluso en una proposición de Ley que presentó la plataforma que lidera la que puede ser Alcaldesa de Barcelona no se empleaba nunca esta última acepción. Es así, pero mis esperanzas de clarificación, antes y ahora, estoy seguro que tendrán poco éxito, aunque esa confusión hace que parezca un "maleante" esa persona física que desahucia al arrendatario por falta de pago. Pues bien, en este trabajo pongo esa numeración (III) porque es la tercera vez en poco tiempo que escribo sobre el particular en este importante medio de comunicación y quizá (casi seguro) que lo tendré que hacer en más ocasiones, no solamente porque el tema está en boga, mucho más después de estas últimas elecciones autonómicas y municipales, siendo muy probable que Comunidades y Ayuntamientos tengan la idea de hacer algo en contra de los pisos vacíos, sean de Entidades Bancarias, de Empresas constructoras e incluso de particulares, aunque realmente carezcan de competencias. Harán o dirán lo que quieran, pero es claro que ninguno de esos Organismos Administrativos tiene capacidad para expropiar fuera de la Ley Estatal o poner impuestos especiales por estar el piso vacío, supuesto que, desde mi punto de vista, es un tanto demagógico y poco social, como se quiere hacer ver. El criterio defendido por este comentarista ocasional ya ha tenido respuestas recientes en los Tribunales. Hace poco, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias anuló la Ordenanza Municipal de Oviedo que impuso un impuesto especial a los pisos vacíos. Y ahora, concretamente el día 14 de mayo de este año 2015, la Sentencia del Tribunal Constitucional ha dejado sin efecto la normativa de "expropiación" dictada por la Comunidad Autónoma de Andalucía, indicando expresamente que tiene que ajustarse a la Ley estatal y que contraviene las facultades del estado previstas en el art. 149.1.3 de la Constitución. Quiero dejar claro que mi postura no es en defensa de las Entidades Financieras, ni mucho menos, aunque debe quedar claro que cuando reciben ayuda del Estado (como ha ocurrido con muchas Cajas), con independencia de la responsabilidad de los directivos, el dinero que se pone para evitar la bancarrota en detrimento de los depositantes (cada uno de nosotros) es a cuenta de los impuestos de todos. Pero eso es otra cuestión, lo que hay que reiterar es que las expropiaciones por "motivos sociales", no son competencias de Ayuntamientos ni de Comunidades Autónomas, que deben respetar la norma general del Estado, que es el competente al respecto; y tampoco imponer sanciones o subidas de impuestos por tener los pisos vacíos. La propiedad privada está contemplada en el art. 33 de la Constitución y si bien el art. 47 habla de la "finalidad social" ello no puede interpretarse de manera que una persona jurídica o física, sobre todo estos últimos, tenga que dejar o alquilar un piso por una cantidad ridícula, cuando lo tiene destinado para completar sus ingresos, para un hijo, para sus vacaciones o jubilación, etc. La pregunta es, si esta persona ha satisfecho y paga todos los impuestos, ¿cuál es la falta que ha cometido? A mi me parece muy bien que cualquier organismo oficial ayude a los más necesitados, por supuesto, pero no a cuenta de la propiedad privada y muchos menos de los particulares. Que les concedan subvenciones a unos u otros, que haga viviendas de tipo social, etc., por el Estado, por Comunidades o Ayuntamientos, jamás tendrán mi oposición al respecto, pero eso es una cosa y otra muy diferente que un propietario tenga que alquilar de forma obligada y, además, claramente con una renta muy inferior al mercado. Pero, además, si un propietario tiene el piso a la venta o en alquiler, ¿se añade a la lista de los obligados y que la Administración le impida lo primero y le marque la renta en el segundo supuesto? Tremenda pregunta, sin respuesta hasta el momento. Por supuesto que todo lo anterior les importará poco a determinados Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, pero es bueno que los propietarios sepan (aunque sean pocos los que se atreven) que si acuden a los Tribunales tienen muchas posibilidades de ganar, ya que la referencia del Tribunal Superior de Justicia de Oviedo y, sobre todo, del Tribunal Constitucional ha marcado un camino a seguir, pero tengo la seguridad de que a dichos organismos municipales y autonómicos todo ello les importa muy poco, sabiendo, como saben, que las impugnaciones judiciales no son fáciles, resultan costosas y, además, marcan al "atrevido" casi como un apestado. En fin, ya veremos lo que pasa. Yo solo digo lo que jurídica y socialmente es la verdad. En realidad solo estoy pidiendo que la Ley se cumpla. ¡Casi nada!