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COMENTARIOS SOBRE LOS MOTIVOS DE OPOSICIÓN AL ACUERDO DE INSTALACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ASCENSORES EN FINCAS URBANAS

08/09/2008


COMENTARIOS SOBRE LOS MOTIVOS DE OPOSICIÓN AL ACUERDO DE INSTALACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ASCENSORES EN FINCAS URBANAS

La pasada semana relacionamos cómo, con carácter general, en el supuesto de que una Comunidad de Propietarios adopte válidamente un acuerdo de instalación o sustitución de ascensor con las mayorías legalmente requeridas, todos los copropietarios resultan obligados por el mismo.

Ahora bien, frente a esta general obligación, son varios los motivos en que, con un cierto rigor jurídico, se fundamenta la oposición por parte de los propietarios disidentes a tal acuerdo. La posibilidad de que estos motivos puedan prosperar en sede judicial dependerá, lógicamente, de las concretas circunstancias de cada caso concreto.

Indicados ya el día pasado los motivos más habituales de oposición al acuerdo de instalación o sustitución del ascensor, realizamos a continuación un breve comentario sobre cada uno de ellos:

 Consideración de que la instalación no es una obra necesaria y constituye una mejora.-Este argumento, acogido por alguna jurisprudencia en tiempos anteriores, resulta endeble en la actualidad, toda vez que la creciente sensibilización en materia de accesibilidad y las características constructivas de los edificios hacen que la existencia de un ascensor no pueda ser considerada como una mejora no necesaria. Más aún tras la redacción dada al artículo 11.3 LPH por la Ley 51/2003 de anterior mención, que obliga a la comunidad a pagar todos los gastos de ejecución de obras de accesibilidad.

 Las Normas de Comunidad exoneran a determinados propietarios de contribuir a los gastos del portal y escaleras.- El principio general es que todos los comuneros están obligados a contribuir a los gastos ocasionados por la conservación y sostenimiento del inmueble y las normas limitativas de este principio general han de ser interpretadas de forma restrictiva. Esto implica que los supuestos de exoneración deberán ser suficientemente concretos puesto que no cabría hacer una interpretación extensiva de la limitación de la obligación del pago.

 En supuestos de sustitución de un ascensor ya existente, resultaría suficiente con la reparación y se acuerda la sustitución.- En unión con el anterior motivo de oposición, este es uno de los supuestos más conflictivos, puesto que deberá determinarse qué debe entenderse por gasto de conservación necesario y si la sustitución del ascensor constituye una obra no necesaria. El problema suele radicar en que hay normas de condominio que exoneran de los gastos de mantenimiento, pero no de los gastos de sustitución o reposición, por lo que el problema interpretativo – y de trasfondo evidentemente económico – está servido.

 El ascensor es un elemento común individualizable en varios propietarios – normalmente los de las viviendas – y, por lo tanto, los propietarios disidentes no tienen por qué hacer frente al coste de su instalación y posterior mantenimiento.- Esta argumentación, que encuentra su fundamento en la propia LPH, ha sido acogida muy residualmente por la jurisprudencia en tanto que viene a contradecir la consideración general de que la existencia de un ascensor representa un mayor valor del edificio, en el que participan todos los copropietarios.

 La instalación del ascensor hace inservible todo o parte del edificio para un propietario, debiendo contar en todo caso con su expreso consentimiento.- Para la apreciación de este motivo de oposición, poco frecuente, resultaría necesario que la instalación del ascensor, cuya consideración como mejora es muy discutida, impida a algún propietario seguir utilizando algún elemento del edificio como venía haciéndolo hasta ese momento y ello afecte sustancialmente a su uso y disfrute.


 Para la instalación del ascensor resulta necesario afectar, total o parcialmente, un elemento privativo de un comunero y, por tal motivo, resulta necesario contar con su consentimiento.- Este motivo de oposición encuentra su fundamento en el derecho singular y exclusivo que ostenta cada propietario sobre su finca privativa y que, en definitiva, constituye una manifestación del derecho a la propiedad privada constitucionalmente consagrado. En atención a este derecho, resulta evidente que cualquier afección de la propiedad privada deberá contar con el expreso consentimiento del propietario afectado.

Ahora bien, en esta cuestión pueden entrar en colisión los distintos intereses – todos legítimos y protegibles – de un concreto propietario privado respecto a los generales de la comunidad.

¿Qué ocurre si un propietario se niega a prestar su consentimiento para la ocupación de una parte de su finca privativa cuando ésta resulta absolutamente necesaria para la instalación de un ascensor? ¿Qué interés debe prevalecer?

En principio, el interés común o general – si es justificado y está debida y suficientemente acreditado - habría de resultar prevalente respecto al interés del propietario individual que, en todo caso, deberá ser adecuadamente indemnizado por los perjuicios que la afección pueda suponerle. A falta de acuerdo entre las partes, debería acudirse a la vía judicial. Tras la aprobación de la Ley 2/2006, de 30 de Junio de Suelo y Urbanismo del País Vasco, se regula la posibilidad de proceder a la expropiación a favor de la comunidad de la superficie de cualquier parte privativa que resulte necesaria para garantizar la adecuada accesibilidad de los edificios residenciales, habiendo desarrollado ya varios Ayuntamientos, el procedimiento a seguir en tal supuesto.

En cualquier caso, insistimos en que para poder valorar la procedencia de los motivos de oposición, deberán tenerse en cuenta las específicas circunstancias de cada supuesto concreto.

Pablo Jiménez Sistiaga
Departamento Civil y Contencioso.
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